La Jornada

Amnistia Internacional

La condena contra Fujimori, de los pocos avances en la región
Focos rojos en cinco naciones de AL; los gobiernos escatiman esfuerzos

Foto: Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía,
condenó las actuaciones de naciones como EU, Rusia y ChinaFoto Ap
Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 3

Madrid, 26 de mayo. La situación de los derechos humanos en América
Latina sigue siendo una preocupación "vital" para Amnistía
Internacional (AI), que en su informe de 2009 divulgado hoy aquí
señaló que en cinco países se detectaron focos rojos ante las graves
violaciones a las garantías. Estos son: México, Brasil, Colombia,
Honduras, Jamaica. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas y la flagrante corrupción de las fuerzas del orden público se
suman a la impunidad generalizada y a la apatía de los gobiernos para
poner coto a los delitos, precisó.

Pese al panorama desolador que refleja el informe anual de AI en
América Latina, sus relatores y representantes valoraron como un
avance en la lucha contra la impunidad la condena al ex presidente de
Perú, Alberto Fujimori, por delitos como tortura, desapariciones
forzadas y homicidio, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado
latinoamericano condenado por violaciones a los derechos humanos.

Refirió el creciente deterioro del tejido social en una región con una
de las tasas de desigualdad más altas del mundo. Entre las principales
preocupaciones destacó la seguridad pública, que se mide por el número
de asesinatos y que sigue encabezado por México, seguido por
Guatemala, Honduras, El Salvador y Jamaica.

En este rubro, Amnistía señaló a un sector especialmente vulnerable:
"Los riesgos que corrían los migrantes irregulares y otros grupos se
intensificaron a medida que la delincuencia organizada dejó de
limitarse al narcotráfico para dedicarse también al secuestro y la
trata de personas, incluidas mujeres, niñas y niños. Los gobiernos de
la región hacían muy poco para recopilar datos y analizar estos nuevos
problemas, y aún menos para impedir los abusos y enjuiciar a los
responsables".

Los relatores de AI también registraron un incremento significativo en
el número de armas en América Latina, un fenómeno que preocupa ante el
aumento de la amenaza para los grupos más vulnerables, que son "los
pueblos indígenas, los dirigentes sociales y los defensores de
derechos humanos".

Sobre Colombia, no sólo responsabilizó al presidente, el conservador
Álvaro Uribe, de los numerosos casos de espionaje político, sino que
también denunció las ejecuciones extrajudiciales y la permanente
impunidad de estos delitos.

Asimismo, AI advirtió "evidencias" de la recomposición de agrupaciones
armadas, ante el "aumento de homicidios de personas pertenecientes a
grupos sociales marginados en las zonas urbanas, en su mayoría a manos
de paramilitares. Entre las víctimas figuraban jóvenes, personas sin
techo, pequeños delincuentes, trabajadores del sexo, lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero, y drogadictos". También documentó
las violaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre
ellas homicidios de civiles, reclutamiento de niños y toma de rehenes.

Sobre Brasil, consignó las flagrantes violaciones de los derechos
humanos por parte de los agentes policiales corruptos, que habrían
cometido con total impunidad un sinfín de ejecuciones extrajudiciales,
torturas y el uso excesivo de la fuerza. Pero AI también destacó que
al final del mandato del presidente Lula "la opinión imperante era que
el gasto social del gobierno había contribuido a reducir las
desigualdades socioeconómicas".

En relación a Cuba, AI aludió a los 55 presos que caracteriza como "de
conciencia", las restricciones a la libertad de expresión y de
asociación, así como las limitaciones a la libre circulación, además
de la vigencia de la pena de muerte en la isla.

En cuanto a Venezuela y al gobierno del presidente Hugo Chávez, la
organización indicó que las fuerzas de seguridad "siguieron atacando,
amenazando y acosando a activistas y a víctimas y familiares", además
de expresar su preocupación por las amenazas a la libertad de
expresión y la "represión a la disidencia".

Finalmente, sobre Honduras el informe sostuvo que el golpe de Estado
"socavó" no sólo la vigencia de los derechos humanos sino el estado de
derecho, antes, durante y después de la asonada militar. El país
centroamericano, actualmente gobernado por Porfirio Lobo, es uno de
los focos rojos en cuanto a violaciones de garantías individuales, al
señalar la creciente cifra de homicidios, el uso excesivo de la fuerza
de la policía y el ejército, las amenazas y hostigamiento a los
líderes sociales, las vulneraciones y ataques a la libertad de
expresión –incluidos los asesinatos de informadores–, así como las
amenazas contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero.
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